La regulación de la indemnización por despido improcedente en España es un tema que ha generado gran debate y controversia en los últimos años. Diversos partidos políticos, como ERC, Bildu, Podemos y BNG, han exigido que la indemnización vuelva a ser de 45 días por año trabajado, como lo era antes de la reforma laboral de 2012 impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Gobierno actual, por su parte, considera que la normativa actual es «adecuada» para los trabajadores, ya que está «tasada y basada en criterios objetivos» que aportan «seguridad jurídica al sistema» y beneficios tanto para los empleados como para las empresas. Sin embargo, esta posición no coincide con la opinión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha afirmado públicamente que la indemnización por despido improcedente en España es «demasiado barata» y, por lo tanto, debería ser reformada.
La Posición del Gobierno
El Gobierno ha respondido a una serie de preguntas parlamentarias de diputados de Vox en el Congreso, en las que se interesaban por saber si el Ejecutivo está considerando la posibilidad de impulsar alguna reforma que modifique la indemnización por despido improcedente. En su respuesta, el Gobierno ha señalado que la actual regulación ofrece ventajas tanto para los trabajadores, al «eximirles de la prueba del daño realmente causado en caso de despido improcedente», como para las empresas, al lograrse un «efecto neutro en la decisión de contratación».
Además, el Gobierno subraya que el marco legal español «ya es coherente» con el artículo 24 de la Carta Social Europea, pues proporciona «una reparación adecuada a los trabajadores despedidos sin razón válida». Por este motivo, el Ejecutivo descarta por el momento una modificación de la regulación al respecto.
La Posición de la Oposición
Sin embargo, la posición del Gobierno no es compartida por diversos partidos políticos de la oposición, como ERC, Bildu, Podemos y BNG. Estas formaciones han exigido en reiteradas ocasiones la derogación de la reforma laboral de 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado.
Incluso, Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha propuesto que el despido sea «disuasorio para la empresa y restaurativo para la persona trabajadora», ya que considera que la legislación española no está cumpliendo con lo estipulado en la Carta Social Europea. Según Sumar, el despido debería reflejar el daño real y tangible causado a la persona como resultado de la pérdida de su empleo, no solo por la pérdida de ingresos, sino también por el aumento del estrés.
El Debate Continúa
El debate sobre la indemnización por despido improcedente en España sigue abierto, con posiciones encontradas entre el Gobierno y la oposición. Mientras el Ejecutivo considera que la normativa actual es adecuada, diversos partidos políticos, como ERC, Bildu, Podemos y BNG, han exigido la derogación de la reforma laboral de 2012 y el retorno a una indemnización de 45 días por año trabajado.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se ha posicionado a favor de una reforma de la indemnización por despido improcedente, calificándola de «demasiado barata». Esta diversidad de opiniones y propuestas mantiene el tema en el centro del debate político y social en España.
