La Audiencia Provincial de Lugo ha celebrado un juicio contra dos mujeres acusadas de encerrar contra su voluntad a una octogenaria sin familia durante un año en un piso de Vilalba (Lugo) y de sustraerle más de 30.000 euros de su cuenta bancaria. La Fiscalía se ha reiterado en su petición de penas de nueve y seis años de prisión para las imputadas, quienes han negado los hechos ante la jueza.
Las procesadas, dos mujeres de mediana edad, han defendido su inocencia de los delitos que se les imputan: contra la integridad moral, detención ilegal y estafa agravada. La principal acusada asumió directamente los cuidados de la anciana, mientras que la segunda fue señalada como cómplice en los dos primeros delitos por encargarse de llevar las bolsas de la compra a la denunciante.
Cuidados de la Anciana y Retención Ilegal
De acuerdo al escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la principal acusada se hizo cargo de los cuidados de la víctima, una mujer de 85 años con «deterioro cognitivo» y en situación de vulnerabilidad y desamparo tras el fallecimiento de su esposo. La mujer renunció a los servicios de asistencia domiciliaria que esta recibía y mudó su residencia a una vivienda de alquiler en el municipio de Vilalba.
Fue en dicha localidad y en dos inmuebles distintos donde, según el relato de la Fiscalía, la anciana permaneció retenida contra su voluntad, encerrada con llave y en malas condiciones tanto de alimentación como de higiene entre marzo de 2022 y abril de 2023, momento en que la octogenaria logró conectar el botón del servicio de teleasistencia de la Cruz Roja del que era usuaria desde 2020 –y que había permanecido desactivado durante largos períodos de tiempo– para pedir ayuda.
La principal acusada ha asegurado ante el tribunal que se hizo cargo de los cuidados de la anciana «por amistad» y «por pena«, que nunca la dejó desatendida y que si le quitó las llaves del piso fue «porque se escapaba y tenía miedo a que le pasase algo». Sin embargo, ha negado haber realizado movimientos bancarios para beneficiarse del patrimonio económico de la señora pese a la existencia de más de 52 operaciones acometidas por un montante acumulado, según la Fiscalía, de «más de 31.000 euros».
Declaraciones de Testigos y Evidencias
En el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo, que ha quedado visto para sentencia, han prestado declaración un total de 18 testigos: cinco agentes de la Guardia Civil, técnicos y coordinadores de la Cruz Roja que atendieron la emergencia, trabajadoras sociales de los ayuntamientos de Cospeito y Vilalba, empleadas de hogar, los propietarios de los dos inmuebles alquilados y el médico del PAC que examinó a la octogenaria tras su liberación.
La mayor parte de los profesionales que participaron en el operativo han coincidido en señalar que las condiciones en que esta se encontraba y en las que se hallaba la vivienda no eran «pésimas». Sin embargo, el sanitario del PAC de Vilalba que inspeccionó a la anciana tras ser liberada manifestó que «presentaba un aspecto descuidado tanto de aseo como de vestimenta» y que «no presentaba lesiones físicas, pero el pronóstico era grave porque consideramos que podía tratarse de una situación de emergencia social».
Tanto la trabajadora social del Ayuntamiento de Cospeito como la empleada de hogar que se ocupaba de sus cuidados han coincidido en señalar que la mujer se encontraba «muy contenta con su servicio de ayuda a domicilio» y que no tenían conocimiento de la existencia de la principal acusada antes de que esta se hiciera cargo de los cuidados de la anciana: «Ella no tenía ni familia ni amigos».
Petición de Penas y Compensaciones
Además de las penas de nueve y seis años de cárcel en las que la Fiscalía se ha ratificado, el Ministerio Fiscal ha solicitado también para la principal acusada el pago de una multa de más 31.000 euros por el dinero presuntamente sustraído de la cuenta de la octogenaria, así como de una indemnización 10.000 euros a abonar de manera solidaria por parte de ambas en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados.
En resumen, este caso pone de manifiesto la gravedad de los delitos de detención ilegal y estafa cometidos contra una persona vulnerable, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar penas de prisión y compensaciones económicas significativas para las acusadas. El juicio ha contado con el testimonio de numerosos testigos y evidencias que buscan esclarecer los hechos y hacer justicia.
