En la actualidad, la gestión del empleo público en la Administración General del Estado (AGE) se encuentra en una situación delicada. Los sindicatos, como Comisiones Obreras (CCOO), han expresado su preocupación por la insuficiencia de las ofertas de empleo público propuestas por el Gobierno. Consideran que estas ofertas no logran cubrir las necesidades reales de los servicios públicos esenciales, lo que puede tener un impacto negativo en su calidad y eficiencia.
La Oferta de Empleo Público de 2024: ¿Insuficiente?
Según el comunicado de CCOO, la propuesta de oferta de empleo público para 2024 presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública consta de 40.121 plazas, de las cuales 20.840 corresponden al turno libre, 10.600 a promoción interna y 8.681 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, el sindicato considera que esta oferta es «insuficiente» y recorta en 1.500 las plazas de la Administración General del Estado en comparación con el año anterior.
Además, CCOO señala que esta oferta no cubre la tasa de reposición acumulada, lo que ha llevado a una pérdida neta de empleo del 14% en los últimos 10 años y más del 20% desde 2011. Esto pone en riesgo el buen funcionamiento de los servicios públicos esenciales, que dependen de contar con el personal adecuado para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
Exigencias Sindicales al Gobierno
Ante esta situación, los sindicatos como CCOO han exigido al Gobierno que, cuando apruebe la oferta de empleo público de 2024 en el próximo Consejo de Ministros, cree una oferta de empleo «extraordinaria» o una tasa de reposición del 150%. Esto permitiría recuperar la sensibilidad por los servicios públicos esenciales y garantizar su adecuado funcionamiento.
Además, los sindicatos han demandado a Función Pública que implemente lo pactado en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, incluyendo medidas como las 35 horas semanales, la jubilación para el personal funcionario y estatutario, la reclasificación de niveles mínimos, la creación de empleo en el sector público y la finalización de todos los procesos de estabilización pendientes. También exigen que los permisos de 8 semanas por cuidar hijos sean remunerados a todo el personal.
En conclusión, la situación del empleo público en la AGE requiere una atención urgente por parte del Gobierno, que debe atender las demandas sindicales para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración Pública.
