El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su urgencia por recabar el apoyo necesario para modificar la Ley de Extranjería. Según sus declaraciones, la situación en las islas se ha tornado «insostenible», con más de 6.000 menores no acompañados que requieren ser atendidos de manera adecuada y con todas las garantías.
Las Islas Canarias, el archipiélago ubicado frente a la costa noroccidental de África, se han enfrentado a un creciente desafío migratorio en los últimos años. Con la llegada de miles de menores no acompañados, el gobierno regional se ha visto desbordado, luchando por brindar la atención y el cuidado necesarios a esta vulnerable población.
LA NECESIDAD DE UNA REFORMA INTEGRAL DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
El presidente de Canarias ha hecho un llamado a los grupos políticos en el Congreso para sumar apoyos que validen la reforma de la ley de extranjería por decreto. Esta modificación, acordada entre los gobiernos de España y Canarias, busca cambiar el artículo 35 de la ley, estableciendo un reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas.
Según Clavijo, esta medida es crucial para aliviar la carga que recae sobre Canarias, que se ha visto desbordada por la llegada masiva de estos menores. La situación, como él mismo ha descrito, es «muy grave», con incidentes como el hallazgo de una patera con fallecidos cerca de las costas del archipiélago.
Para el presidente canario, la reforma de la ley de extranjería es una prioridad absoluta, ya que permitiría distribuir de manera más equitativa la responsabilidad de atender a esta población vulnerable. Esto no solo beneficiaría a Canarias, sino que también garantizaría que todos los menores migrantes reciban la atención y el cuidado adecuados en todo el territorio nacional.
EL IMPACTO DE LA CRISIS MIGRATORIA EN CANARIAS
La crisis migratoria que afecta a Canarias ha tenido un impacto significativo en la sociedad y las instituciones del archipiélago. Los recursos públicos destinados a la atención de los menores no acompañados han aumentado exponencialmente, desviando fondos de otros sectores importantes como la educación, la sanidad y el desarrollo económico.
Además, la llegada masiva de estos menores ha generado desafíos logísticos y de infraestructura, poniendo a prueba la capacidad de las autoridades locales para brindarles alojamiento, alimentación, atención médica y educación. Esto ha obligado a repensar las estrategias y prioridades de las políticas públicas en la región.
Más allá de los aspectos administrativos y presupuestarios, la crisis migratoria también ha tenido un impacto en la cohesión social y el bienestar de la población local. La presencia de un número tan elevado de menores migrantes, sin la debida atención y acompañamiento, ha generado inquietud y preocupación en la sociedad canaria, que ha demandado soluciones integrales y sostenibles.
HACIA UNA RESPUESTA COORDINADA Y SOLIDARIA
Para hacer frente a esta crisis migratoria, es fundamental que exista una respuesta coordinada entre los diferentes niveles de gobierno, así como una solidaridad a nivel nacional e incluso internacional. La modificación de la Ley de Extranjería, propuesta por el presidente Clavijo, representa un paso crucial en esta dirección.
Al establecer un reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas, se distribuiría de manera más equitativa la carga y la responsabilidad de atender a esta población vulnerable. Esto no solo beneficiaría a Canarias, sino que también garantizaría que todos los menores reciban la atención y el cuidado que merecen en todo el territorio español.
Además, esta reforma de la ley de extranjería debería ir acompañada de un aumento en los recursos destinados a la atención y el bienestar de los menores migrantes. Esto incluiría inversiones en infraestructura, programas de integración social y formación profesional, entre otras iniciativas que permitan brindar a estos jóvenes las oportunidades y el apoyo necesarios para su desarrollo y reinserción en la sociedad.
En resumen, la crisis migratoria que enfrenta Canarias es un desafío complejo que requiere de una respuesta integral y coordinada a nivel nacional. La modificación de la Ley de Extranjería, tal como lo ha propuesto el presidente Clavijo, es un paso fundamental para aliviar la carga que recae sobre el archipiélago y garantizar una atención adecuada y equitativa a los menores migrantes en todo el territorio español.
