En un entorno político marcado por la alta tensión y la polarización, la cuestión de la ley de amnistía para los encausados en el llamado «procés» catalán ha generado un intenso debate. El partido político Vox, que ejerció la acusación popular en el juicio del ‘procés’ celebrado en el Tribunal Supremo, ha presentado un escrito de alegaciones al alto tribunal, en el que cuestiona la aplicabilidad de dicha ley a los delitos de malversación.
Según Vox, la ley de amnistía no sería aplicable a los encausados y procesados por el delito de malversación, ya que al tratarse de cargos públicos, no se puede separar la esfera privada de la pública. Argumentan que, en este caso, los encausados se habrían enriquecido al costear el referéndum ilegal con fondos públicos, lo que configuraría un delito de malversación que quedaría excluido de la ley de amnistía.
La Incompatibilidad con la Normativa Europea
Vox también señala que la ley de amnistía confronta con la directiva europea de lucha contra el fraude, ya que el delito de malversación se considera una de las infracciones que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. Según la formación liderada por Santiago Abascal, esta ley sería «contraria al principio de igualdad ante la ley y de no discriminación» establecido en el Tratado de la Unión Europea.
La Solicitud de Suspensión y Cuestión Prejudicial
Ante estos argumentos, Vox solicita que el Tribunal Supremo decida no aplicar la ley de amnistía a los casos de malversación. Como alternativa, la formación propone el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la suspensión del proceso hasta que se obtenga una respuesta del alto tribunal europeo.
Con esta estrategia, Vox busca que se suspenda la aplicación de la ley de amnistía hasta que se determine su compatibilidad con las normas de derecho europeo. La complejidad de este caso pone de manifiesto la delicada situación jurídica y política que rodea al «procés» catalán, donde los distintos actores utilizan todos los recursos legales a su alcance para defender sus posturas.
