La ley de amnistía aprobada por el gobierno español ha generado un intenso debate sobre su aplicación. ¿Se debería amnistiar a los condenados por el ‘procés’? Esta es la pregunta que se debatirá en la Junta de Fiscales este martes. La ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada, ha generado una importante discrepancia entre el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que defiende la amnistía, y los fiscales encargados de la causa en el Tribunal Supremo, que se oponen.
La discrepancia: ¿malversación o desobediencia?
La disputa fundamental se centra en la malversación. Los fiscales del ‘procés’ argumentan que es «improcedente» amnistiar este delito, ya que consideran que los acusados tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE, lo que, según la propia ley, excluye dicha conducta de la amnistía.
Por su parte, el fiscal general considera que la malversación del ‘procés’ se puede amnistiar porque el perjuicio patrimonial para la Administración no es equiparable al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial». Ambos bandos coinciden en que la desobediencia y los desórdenes públicos sí son delitos amnistiables.
La junta de fiscales: un debate crucial
La Junta de Fiscales, compuesta por 37 fiscales, se reunirá este martes para analizar las dos posturas y fijar un criterio sobre la aplicación de la ley de amnistía. El fiscal general ha convocado esta reunión después de que los fiscales del ‘procés’ le instaran a plasmar por escrito su postura y a debatirla con la Junta.
La Junta tiene carácter consultivo, por lo que el fiscal general no está obligado a seguir la postura de la mayoría. Sin embargo, la decisión de la Junta tendrá un impacto significativo en la aplicación de la ley de amnistía.
El futuro de la amnistía: ¿un debate abierto?
La ley de amnistía ha abierto un debate complejo sobre el alcance de la misma. Además del ‘procés’, otras causas podrían beneficiarse de la amnistía, como la del terrorismo que se investiga por ‘Tsunami Democràtic’ o la del presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del Govern.
Los tribunales tendrán la última palabra sobre la aplicación de la ley de amnistía, escuchando a la Fiscalía, a las defensas y al resto de partes. Su criterio podría coincidir o no con el del Ministerio Público.
La decisión de la Junta de Fiscales tendrá un impacto directo en el futuro de la ley de amnistía y marcará el rumbo del debate sobre su aplicación. La sociedad española está pendiente de la decisión que se tome en esta reunión crucial.
